El Congreso tumba el escudo social y deja sin protección a más de 70.000 familias vulnerables: una decisión política inhumana y contraria al derecho a la vivienda digna.
La plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba denuncia la decisión del Congreso de los Diputados de rechazar la convalidación del llamado escudo social, incluyendo la moratoria antidesahucios y la protección frente al corte de suministros básicos para personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Aunque reconocemos que la moratoria era claramente insuficiente para afrontar la crisis estructural de vivienda que vivimos, su aprobación era hoy imprescindible para evitar que 70.000 familias vulnerables en todo el Estado puedan ser desahuciadas sin alternativa habitacional.
Estimamos que la caída del escudo social puede afectar en la provincia de Córdoba de distinta manera a entre 3000 y 5000 familias trabajadoras vulnerables, y decenas de ellas podrían acabar desahuciadas en los próximos meses. Detrás de estas cifras hay menores, personas mayores, familias trabajadoras y personas en situación de exclusión que pueden quedarse sin techo por una decisión política que les da la espalda.
Mentiras para justificar lo injustificable
Queremos señalar con claridad que algunos de los partidos que han votado en contra han utilizado argumentos falsos para intentar justificar su decisión, como afirmar que la moratoria favorece las “ocupaciones ilegales”. Eso es rotundamente falso.
La moratoria antidesahucios no protegía ocupaciones delictivas ni amparaba mafias, ningún decreto da cobertura a allanamientos de morada de primeras o segundas viviendas de nadie, pese a loque una y otra vez nos hacen creer. Confundir deliberadamente vulnerabilidad social con delincuencia es una estrategia irresponsable que estigmatiza a quienes menos tienen.
Utilizar el miedo y la desinformación para bloquear una medida de protección social básica no solo es políticamente grave: es moralmente inaceptable.
Inhumanidad e incoherencia política
Es profundamente contradictorio que quienes dicen “defender al pueblo” o “proteger a las familias” voten en contra de medidas mínimas destinadas precisamente a evitar que esas familias terminen en la calle.
Consideramos esta decisión inhumana e inmoral. El derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución. No es una concesión ideológica: es un mandato constitucional y un derecho humano reconocido internacionalmente.
Exigimos alternativas inmediatas
Desde 15M Stop Desahucios Córdoba exigimos al Gobierno de España que actúe de forma inmediata para:
- Buscar fórmulas legislativas alternativas que restituyan la protección frente a desahucios sin alternativa habitacional.
- Garantizar que ninguna familia vulnerable quede desasistida tras la caída del escudo social.
- Impulsar medidas estructurales que hagan efectivo el derecho a la vivienda, reforzando el parque público y limitando la especulación.
Que nadie se equivoque: no vamos a aceptar que se normalice el desahucio como si fuera un trámite administrativo más.
Seguiremos en las calles, en las puertas de los juzgados y en las instituciones defendiendo cada hogar, y llamamos a la desobediencia civil frente a las órdenes de desalojo y a la resistencia noviolenta frente a los desahucios. Porque detrás de cada desahucio hay una vida rota, y detrás de cada voto en contra hay una responsabilidad política, que en Córdoba la abandera el alcalde José María Bellido y su Partido Popular, que junto a VOX votaron en el pleno del ayuntamiento lo mismo que sus diputados votaron ahora en el Congreso.
La vivienda es un derecho, no un privilegio.
SÍ, SE PUEDE. PERO NO QUIEREN