En el umbral de nuestros 15 años de historia, queremos denunciar el pésimo efecto de las políticas andaluzas en materia de vivienda, por lo que hemos presentado con otras seis entidades una Iniciativa Legislativa Popular. Entendemos que si no hay cambios, el problema de la vivienda en Andalucía va hacia el desastre.
Denuncamos públicamente el pésimo escenario andaluz para el derecho a la vivienda, especialmente para las clases trabajadoras y las personas jóvenes que pretendan emanciparse. El tiempo se acaba para evitar el desastre en lo que a vivienda se refiere y por eso nos hemos unido a otras organizaciones andaluzas, presentando una Iniciativa Legislativa Popular, una proposición de Ley de Garantía Habitacional y Función Social de la Vivienda en Andalucía, sobre la que en breve comenzaremos con la campaña de recogida de firmas.
Hemos atendido un repunte de amenazas de desahucio estos días, muchas de ellas consecuencia directa del fin del escudo que evitaba algunos casos de desahucio, al tumbar la derecha y la ultraderecha en el Congreso los decretos que hacían posible estas moratorias.
Se esta dando prioridad al capital, ya que se están defendiendo los intereses de bancos, fondos buitre y otros grandes tenedores de viviendas y rentistas en general, frente al derecho a techo de familias trabajadoras. Una maraña de sociedades trabajan para los fondos buitre, fundamentalmente norteamericanos —como Cerberus o Blackstone— vinculados con el propio gobierno de Donald Trump.
Es a esta gente a la que se está defendiendo, extranjera casi toda ella, en lugar de garantizar el derecho a la vivienda a nuestro pueblo; esa es la única prioridad que se defiende: la financiera y especulativa.
Sin medidas valientes que impidan los desahucios de personas sin alternativa habitacional, y sin medidas que acaben con el acaparamiento de viviendas, los alquileres abusivos y la turistificación de nuestros barrios, el problema de la vivienda va a ir a más. Esto es especialmente grave en un momento en que la guerra —impulsada por los que más desahucian— amenaza con llevarnos a una crisis sin precedentes.
Decir que por facilitar el negocio inmobiliario y rentista se acaba el problema de vivienda es no entender nada o mentir descaradamente; ni el mercado libre ni las VPO inaccesibles van paliar nada. En cambio, más vivienda pública y medidas valientes que acaben con el acaparamiento y ayuden a las familias amenazadas, eso sí estaría alineado con la Constitución y con la defensa de los derechos humanos. Seguir como hasta ahora o reafirmarse en lo que se viene haciendo y no haciendo en Andalucía, nos lleva al desastre, salvo para una minoría especuladora o rentista.
Ante este desastre premeditado, respondemos con organización, lucha, resistencia y concienciación, por las generaciones presentes y las que han de venir.
Foto de portada: Parlamento de Andalucía. Wikimedia commons (Chabe01).